Mala gestión de nuestro dinero

Foto: Marc Rius
fetasantfeliu.cat

El pasado viernes se celebró un pleno extraordinario y urgente en Sant Feliu para resolver las alegaciones que PSC, Ciutadans, plataformas vecinales y PP habíamos presentado en contra de la subida del tipo impositivo del IBI. Fue un pleno sin ninguna sorpresa porque ya sabíamos que el equipo de gobierno iba a desestimar las alegaciones de los representantes de aproximadamente la mitad de la ciudad. Se enrocan en afirmar que si bajan los impuestos tienen que dejar de prestar servicios sociales. 

Desde el Partido Popular afirmamos que se pueden reducir gastos con una buena gestión económica, recortando en partidas superfluas como publicidad, protocolo, comunicación y revisar las subvenciones que se dan para proyectos que no están relacionados con Sant Feliu directamente. Cuando hablamos de buena gestión económica no es sólo recortar, sino evitar las desviaciones del presupuesto inicial, no son grandes cantidades pero si una familia en época de crisis gestiona su presupuesto hasta el último céntimo una administración pública debería ser aún más cuidadosa ya que el dinero que están gestionando es de todos los santfeliuencs. Tal y como afirmó la Ministra de Fomento Ana Pastor, el dinero público es sagrado y se tiene que manejar mejor que el propio. Por eso no entendemos como en época de crisis el presupuesto del Ayuntamiento no deja de crecer cada año a cargo de los bolsillos de los contribuyentes. 

El equipo de gobierno alega imposibilidad legal de bajar la recaudación por el IBI recurriendo a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local (la conocida como RSAL), caso curioso cuando han presentado un recurso de anticonstitucionalidad a dicha ley,   y los planes de ajuste que se han aprobado para el pago a proveedores en 30 días. Nosotros afirmamos que es falta de voluntad política. 

Todo esto sin entrar en el incumplimiento de la norma que obligaba a publicar el acuerdo de la subida del tipo impositivo antes del 1 de marzo y que el equipo de gobierno publicó a fecha de 3 de marzo. Ante la demanda al Secretario del Ayuntamiento su respuesta ha sido que deberá ser un Tribunal Contencioso Administrativo el que deberá decir si es legal o no el acuerdo que han aprobado. 

Todo un cúmulo de despropósitos y mala gestión que al final pagamos los santfeliuencs.